Río Ceballos. Lemos gastó 240 millones de pesos con tarjetas de crédito y 100 millones en ropa por compra directa a una empresa fantasma

Este jueves la oposición en el Concejo Deliberante presentó pedidos de informe para exigir explicaciones sobre gastos por 240 millones de pesos no contabilizados con tarjetas bancarias y la contrataci

Este jueves la oposición en el Concejo Deliberante presentó pedidos de informe para exigir explicaciones sobre gastos por 240 millones de pesos no contabilizados con tarjetas bancarias y la contratación irregular de ropa para el personal municipal por más de $100 millones.

El radical Nicolás Chesa, en diálogo con FM Sierras Chicas, expuso serias irregularidades administrativas y financieras en la gestión del intendente Ezequiel Lemos. Las acusaciones apuntan, por un lado, a gastos no contabilizados en el uso de tarjetas de crédito corporativas por un monto superior a los 243 millones de pesos (230 del Banco Macro y 13 del banco Santander) sin la correspondiente rendición ni control del Tribunal de Cuentas. Los períodos analizados corresponden a los balances presentados desde el inicio de la gestión municipal hasta el mes de junio de 2026, destacándose las órdenes de compra efectuadas en los meses de abril, julio y agosto de ese mismo período. De esta manera, a través de las conciliaciones bancarias, se detectaron extracciones y gastos no respaldados con documentos por un total 243.500.000 de pesos, que incluyen las erogaciones con tarjetas de crédito.

A su vez, Chesa destacó que Lemos eludió los procesos de licitación pública o concurso de precios al fraccionar la compra de indumentaria de trabajo para el personal a una empresa "fantasma" o sin historial previo por más de 100 millones de pesos. La compra directa se realizó a la firma Mansotex S.A.S. propiedad de Lucas Loza, proveedora de la vestimenta. Las órdenes de compra corresponden a los meses de abril, julio y agosto de este año.

Ante la consulta Tribunal de Cuentas municipal, como órganos de control, Chesa relató que el presidente del Tribunal Fortunato reconoció que, en toda la gestión de Lemos, nunca pasó un resumen de tarjeta de crédito para su auditoría previa o posterior.

En el caso de la compra de indumentaria para el personal municipal el Ejecutivo desdobló un gasto total de $100.211.000 en tres órdenes de pago consecutivas ($32.000.000 en abril, $32.700.000 en julio y $35.392.000 en agosto). Al no superar individualmente el límite legal de $36.000.000 establecido para las compras directas, Lemos evitó llamar a concurso de precios o licitación. Además, Chesa advirtió que la proveedora favorecida (Mansotex S.A.S., propiedad de Lucas Loza, amigo o allegado del intendente) se constituyó a principios de 2023 y, emitió sus facturas número 1, 2 y 3 precisamente para estas operaciones municipales. Nunca antes antes había facturado nada.

El concejal Chesa remarcó que estas prácticas violan la normativa de administración pública, ya que impiden conocer en qué se gastó el dinero, quiénes utilizaron las tarjetas e imposibilitan la libre competencia de proveedores.

Dado que las dos primeras facturas de indumentaria no pasaron por la revisión de la vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas y la tercera fue directamente rechazada, los concejales advirtieron que, si el Departamento Ejecutivo no responde adecuadamente a los pedidos de informe, acudirán a los bancos emisores, invocarán la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública o recurrirán a las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

Este jueves la oposición en el Concejo Deliberante presentó pedidos de informe para exigir explicaciones sobre gastos por 240 millones de pesos no contabilizados con tarjetas bancarias y la contratación irregular de ropa para el personal municipal por más de $100 millones.

El radical Nicolás Chesa, en diálogo con FM Sierras Chicas, expuso serias irregularidades administrativas y financieras en la gestión del intendente Ezequiel Lemos. Las acusaciones apuntan, por un lado, a gastos no contabilizados en el uso de tarjetas de crédito corporativas por un monto superior a los 243 millones de pesos (230 del Banco Macro y 13 del banco Santander) sin la correspondiente rendición ni control del Tribunal de Cuentas. Los períodos analizados corresponden a los balances presentados desde el inicio de la gestión municipal hasta el mes de junio de 2026, destacándose las órdenes de compra efectuadas en los meses de abril, julio y agosto de ese mismo período. De esta manera, a través de las conciliaciones bancarias, se detectaron extracciones y gastos no respaldados con documentos por un total 243.500.000 de pesos, que incluyen las erogaciones con tarjetas de crédito.

A su vez, Chesa destacó que Lemos eludió los procesos de licitación pública o concurso de precios al fraccionar la compra de indumentaria de trabajo para el personal a una empresa "fantasma" o sin historial previo por más de 100 millones de pesos. La compra directa se realizó a la firma Mansotex S.A.S. propiedad de Lucas Loza, proveedora de la vestimenta. Las órdenes de compra corresponden a los meses de abril, julio y agosto de este año.

Ante la consulta Tribunal de Cuentas municipal, como órganos de control, Chesa relató que el presidente del Tribunal Fortunato reconoció que, en toda la gestión de Lemos, nunca pasó un resumen de tarjeta de crédito para su auditoría previa o posterior.

En el caso de la compra de indumentaria para el personal municipal el Ejecutivo desdobló un gasto total de $100.211.000 en tres órdenes de pago consecutivas ($32.000.000 en abril, $32.700.000 en julio y $35.392.000 en agosto). Al no superar individualmente el límite legal de $36.000.000 establecido para las compras directas, Lemos evitó llamar a concurso de precios o licitación. Además, Chesa advirtió que la proveedora favorecida (Mansotex S.A.S., propiedad de Lucas Loza, amigo o allegado del intendente) se constituyó a principios de 2023 y, emitió sus facturas número 1, 2 y 3 precisamente para estas operaciones municipales. Nunca antes antes había facturado nada.

El concejal Chesa remarcó que estas prácticas violan la normativa de administración pública, ya que impiden conocer en qué se gastó el dinero, quiénes utilizaron las tarjetas e imposibilitan la libre competencia de proveedores.

Dado que las dos primeras facturas de indumentaria no pasaron por la revisión de la vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas y la tercera fue directamente rechazada, los concejales advirtieron que, si el Departamento Ejecutivo no responde adecuadamente a los pedidos de informe, acudirán a los bancos emisores, invocarán la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública o recurrirán a las instancias administrativas y judiciales correspondientes.